“Brutal”: this is the term used by the investigator Sebastián Valenzuela to describe and compare the misinformation surrounding the text that Chile should approve or reject in a mandatory referendum on the 4th of September.
Although the electoral campaign begins on the 5th of August, the debate about the eventual new Constitution, and the effects of the “approve” or “rejection” have been taken up by the debate in Chilean media and networks, together with the concerns of citizens seguridad o la inflation.
La disinformación encuentra espacio en el marcado interes por el nuevo texto y en la profunda diferencia entre los modelos que representan la Constitución vigente y la nueva proposal.
En ese contexto, las distincta interpretaciones, y las opiniones y posturas a favor o en contra de su contenido conviven con las “noticias falsas” y otras formas de “contamination of information“, como las denomina el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Entre esta “información contaminación” se inclué la propagación de información errónea; de contenido falso creado en forma deliberada para causar daño (disinformation) y de información maliciosa (basada en hechos reales, pero manipulados).
El aspecto más problemático del phenomenó, plantea Valenzuela, professor de la Universidad Católica de Chile, es que la disinformation se usa no solo para generate confusion sobre la proposal sino como attack tool.
“Cuando se dice que no hay protección a la private property en el texto de la Convención, no se espera que la gente lo crea, porque es cosa de ir a mirar el texto. Eso se promueve para generara una reacción emocional, para que quien reciba el mensaje diga: ‘¿Viste?, no protegen el derecho a la propiedad, te van a quitar tus cosas’. We are in a very crisp moment in which the disinformation is usa para crispar much más”, describes a BBC Mundo Valenzuela, quien ha analyzed the disinformation in Chile frente al estallido social del 2019, the pandemic and the different stages of the Constitutional Convention.
“Es la disinformación como medio para aumentar la animadversión, la polarización, la sensación visceral contra alguien o contra algo”, advierte.
Que permitría “el abortion hasta los nueve meses de embarazo”, que arriesga el derecho a la propiedad, o que se está inscribiendo a immigrants para votar “apruebo” son algunos de los mensajes desmentidos por institución, autoridades, la academia, medios y sitios dedicados a checker información.
Sí hay derecho a propiedad
The academic Carlos Peña, columnist and rector of the Universidad Diego Portales has been one of the voices that called on the citizenry to analyze the text by itself and clarify what it describes as “interpretations tendentiosas”.
Sobre el abortion, por ejemplo, el texto a votar establece el derecho a interruptir el embarazo, precisando que se regulará por ley. Peña distingue entre la autonomía de la decisión y “el lapso en que esa autonomía puede exercerse”. La proposal no impide que la ley genere un sistema de plazos que protegia a la madre “o al nasciturus”, says el académico, “que es, por lo demás, lo que habitualmente ocurre en el derecho comparato”.
No es cierto tampoco que se eliminate la educación privada en el país.
The proposal defines a National Education System that includes institutions created “recognized” by the State. Peña precisa que, si bien “privilegia la educación provista por el Estado”, la educación privada puede derivar de otros derechos fundamentales, como la autonomia o la libertad religiosaque resguarda también la objeción de conciencia.
La propiedad sí es un derecho en la Constitución reciencia escrita: “Toda persona, natural o jurídica tiene derecho de propiedad” se les, de lo que solo quedan fuera bienes que “la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas” (como glaciares, humedales o alta montaña) o se declared “inapropriables” (como agua, aire, mar territorial o playas).
El escrito expresa que nadie puede ser privado de una propiedad, a menos que una ley ordene una expropriation “con base fundada” que debeca sir indemnification “a precio justo”with the option of reclamation ante tribunales.
El “precio justo” no es una expresión inventada en este texto, sino un concepto de larga data incluido en el Código Civil chileno. Neither is the option of expropriation, which is also present in the Constitution of 1980, “for the purpose of public utility or national interest”. The possibility of expropriation is planted before another constitutional mandate: the restitution of indigenous land.
No desapareca la salud privada
Aunque la Convención que redactó la proposal ya se dissolvió, también ha sido complejo distinguire en el debate entre las distinctas mociones que fueron planteadas y discutidas, y las que effectively fueron includias en el texto ya que contaron con los votos necesarios para ello.
Es el caso de la propiedad de los fondos de pensiones reunidos en las aseguradoras privadas, lamladas AFP en Chile. Sí es efectivo que durante la discusción convencional se descartó una initiatica popular que planteaba el character “inalienable” de esos ahorros, pero eso no implica que el nuevo texto consecra la pérdida de esos fondos. El texto plantea que toda persona tiene derecho a la seguridad socialque el Estado defines la política que la norma, y que la ley establishará un sistema de seguridad social público.
Sobre las assuradoras privadas de salud, llamadas Isapres en el país, éstas no desaparecen con el nuevo texto: aunque perderán la opción de recibir las cotizaciones de salud obligatorias de la ciudadanía (pues ellas sólo se pueden destinar por ley a un fundo solidario) el the text says that a National Health System will be created “que podrá estar integrado por públicos y privados prestadores”.
No sólo el texto: también el plebiscito
El clima de disinformación a pocas semanas del plebiscito ha sido advertido tanto por el Presidente Gabriel Boric como por el Servicio Electoral (Servel), organo autónomo que fiscaliza las elecciones en Chile, entre otras institucións.
El Servel por ejemplo, cuenta con un archivo de mensajes falsos y sus desmentidos.
En el repositorio se leen posteos que aseguran que en el plebiscito votarían personas recién llegadas al país procedencias de Venezuela o Haiti, suponiedo que sus votos serán por el “apruebo”: el Servel precisa que se requiemente 5 years of residency para participar en una elección en Chile, además de 18 años cumplidos y ninguna condena a pena aflictiva.
Según los últimos datos electorales, más de 15 million people are qualified to vote en el plebiscito constitucional. Entre ellas, la comunidad migrante with the largest number of voters coming from Peru (more than 167,000). La segunda es originaria de Colombia y llega a poco más de 68,000.
En otro de los posteos desmentidos se sostenien que no habra multas para mayores de 60 años que no voten en el plebiscito, para disincentivar su participación, suponiedo que la majority de esa población está por el “rechazo”: el Servel precisa que el suffragio en el referendo es obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile, sin límite de edad.
El alcance de la disinformación
An investigation developed between January 2016 and December 2018 in the United States and published in 2020 in the journal Science Advances concluded that “the deliberate circulation of false information with the objective of creating confusion and discord is intolerable in principle”. de noticias en Estados Unidos está dominado por los medios informativos, ya sea online o en televisión, y las “fake news” apenas suman un 1% del consumo total de noticias en el país.
La investigación abre una interrogante sobre el alcance real de la disinformación y sus efectos.
“El volumen de exposición a disinformación en Chile es mucho más alto que el de Estados Unidos”, says Valenzuela from partir de los studies que realizaron using the same methodology employed in North America to analyze Trump’s election.
“En Chile la disinformación se cuela por todas partes“, sostenien Valenzuela a partir de los estudios hechos en el país.
“En Estados Unidos y en Europa occidental hay muchos sitios que puedes definir como de “fake news”, que imitan el formato periodístico sin pretensión de objetividad. Yo he estudiado el caso de México y Chile y no hay sitios como esos, o son muy pocos. No existen produceres claros de “fake news”. Esa es una particularidad del país”.
Sin embargo, “a diferencia de lo que ocurrió con el estallido o con el covid, la disinformación sobre el texto constitucional ha sido una producción a nivel de élites, de personas con posiciones de poder económico, politico, intelectual. Eso explica por qué ahora se discute tanto el tema: porque esta vez ha sido más claro identify a sus fuentes”, plantea el académico.
“Pero una cosa es que yo vea disinformación, y otra cosa es que yo crea lo que estoy viendo”refinery.
“En el caso de Chile, la cifra de gente que cree en la disinformación es bastante baja. Las personas son muy sképticas y eso compensa un poco el riesgo. Por supuesto, siempre se puede hacer el punto de que, while mientras más ves algo, te ves expuesto, se te hace más difícil contrarrestarlo. Pero al menos la foto que nosotros tomamos es que, aunque hay mucha disinformación dando vuelta, hay también mucha disconfianza sobre ella”, he concluded.
En este panorama, una de las principales dudas de la opinion pública chilena a esta hora se remite a qué dice y qué no dice la proposal de nueva Constitución. But at least a portion of the citizenry has opted to go to the direct source: the book “Propuesta definitiva de una nueva Constitución”, de 178 páginas, is counted among the best-selling non-fiction books in the country at the beginning of July, por sobre best sellers internationales como “Hábitos Atómicos” o “Astrofísica para gente apurada” de Neil Degrasse Tyson.
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